Desde el PAL-UL de San Andrés queremos manifestar en relación al anunció público realizado por el Equipo de Gobierno el día 25 de junio del presente, concerniente al Plan de ajuste económico, lo siguiente:

1º.- Nos parece una autentica burla que en su comunicado hablen de renegociar la deuda con empresarios, primero sin aclarar el como, ni con que empresas. No entendemos como si la intención del Equipo de Gobierno es pagar lo que se debe, por otro lado se invita a los empresarios para que acudan al Juzgado a reclamar lo que se les adeuda, como es el caso de empresarios que han acudido ante la Justicia para reclamar sus derechos. Este mes de junio la lluvia de sentencias condenatorias, incluso una declarando a nuestro Ayuntamiento en rebeldía procesal al no acudir al Juicio, ha salido condenado en las cinco demandas que se nos interpusieron a pagar la ingente cantidad que supera con creces la cantidad de 150.000€ en la que figuran también los intereses de demora. Cabe destacar que a una de las mercantiles van a pagarle más de intereses que de principal, Principal: 16.565,96€ y de intereses 14.281€.

2º.- Por otro lado nos llama poderosamente la atención como es posible que hace escasos dos meses el Ayuntamiento convoca las siguientes plazas: dos plazas de Arquitectos cobrando a los opositores 24€ de derechos de examen, 2 Técnicos de Gestión cobrándoles también 24€ por el mismo concepto, 5 plazas de Conserjes a 6€ por opositor y dos plazas de Auxiliar Administrativo también a 6€ los derechos de examen, es decir más de 1000 opositores que han pagado por un derecho que no verán reconocido por un lado y por el otro les han estado tomando literalmente el pelo teniendo en cuenta que hace dos meses cuando se convocaron estas plazas, el Ayuntamiento estaba viviendo la misma coyuntura económica que ahora, nuestra pregunta es clara ¿ Porqué se convocan plazas sabiendo como sabían desde el Equipo de Gobierno que no podrían llevarlas a efectos? ¿ Porqué se hace gastar a los opositores dinero en derechos de examen y en academias cuando desde el Equipo de Gobierno Socialista saben a ciencia cierta que no podrán examinase? Ese dinero que se les ha cobrado debería estar inmediatamente en el bolsillo de los opositores y no dedicado a otros fines.


Por todo ello y entendiendo que el Plan de ajuste socialista, está basado en cobrar derechos de examen para no examinarse posteriormente los opositores, en no pagar a las empresas y con ello ganamos tiempo hasta que salgan las sentencias que nos condenan y con ello pagamos el doble, así como en denunciar a las mancomunidades como es el CASO DE GERSUL ante los tribunales para ganar también tiempo y que no nos puedan embargar la participación de los ingresos del Estado fruto de la deuda que tenemos con GERSUL al no haber realizado la totalidad de los pagos que tenemos con ellos, es por lo que calificamos de absurdo, inoperante e indecente esta practica llevada a cabo desde una Institución Pública.